La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió al Congreso de la República un proyecto de ley para que los empleadores regulen el uso de Internet en los centros laborales, La “Ley que regula el uso de medios informáticos para la comunicación en el centro de trabajo” fue presentado el pasado 5 de octubre al titular del Parlamento, César Zumaeta, con carácter de urgencia.
¿Qué plantea la ley? Garantizar el “adecuado y eficiente” uso en el trabajo deInternet, Intranet, Extranet, el correo electrónico, las redes sociales y otros medios análogos. Así como “establecer los límites y condiciones en el ejercicio de las facultades de control, fiscalización y sanción sobre dichos medios por parte del empleador”.
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García, señaló que esta iniciativa “permitirá que la empresa establezca las políticas necesarias dentro de su reglamento interno en este tema y, por ende, comunique a sus trabajadores cuál será el uso de Internet dentro del centro de labores.”
POLÍTICAS DE USO
En su artículo 3, el proyecto de ley indica que los empleadores deberán poner en conocimiento de los trabajadores las políticas de uso aplicables a estos medios, así como establecer los mecanismos de fiscalización, infracciones y sanciones frente a su uso inadecuado.
En su artículo 3, el proyecto de ley indica que los empleadores deberán poner en conocimiento de los trabajadores las políticas de uso aplicables a estos medios, así como establecer los mecanismos de fiscalización, infracciones y sanciones frente a su uso inadecuado.
Dichas políticas determinarán si el uso de Internet, redes sociales y otros, será restringido estrictamente a asuntos laborales o, indistintamente, para uso laboral o personal. Estas políticas deberán incorporarse al Reglamento Interno de Trabajo y hacerlas de conocimiento del empleado.
También se faculta al empleador a utilizar los mecanismos de control y de fiscalización “técnicamente idóneos para su ejercicio”. Precisa la norma que dichas facultades no suponen la interceptación o acceso al contenido de las comunicaciones privadas de los trabajadores.
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